José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de España, incide en la importancia de reforzar el papel de los consumidores en el terreno empresarial. Tras su visita a la Universidad San Jorge, dejó clara su opinión como profesional y denunció el abuso que sufren muchos consumidores debido a la hegemonía de algunas empresas.
¿Sabía usted que hasta hace poco más de un año las autoescuelas de una ciudad como Zaragoza mantenían una equivalencia en sus precios fuera de lo común? Obtener el permiso de conducir no sólo se convertía en una aventura al volante, sino también en una pequeña incursión financiera que a más de uno nos podría causar un agujero en el bolsillo. Debido a la poca competencia que ejercen las empresas zaragozanas dedicadas a este sector, los precios se mantenían en torno a los 37€ por clase práctica (unos 45-50 minutos conduciendo). Este abuso perpetrado por dichas autoescuelas tuvo su fin gracias a la actuación de la Unión de Consumidores de Aragón.
José Ángel Oliván, presidente de la UCE
Un pequeño trabajo de campo para recopilar datos sobre las tarifas permitió a la asociación comprender que el panorama local era realmente perjudicial para el consumidor, y procedieron a denunciarlo de forma pública. «Si las empresas no llegan a acuerdos entre ellas para bajar los precios, entorpecen el mercado». Así lo afirma José Ángel, seguro de sus convicciones y manteniendo un tono cordial pese a la demanda interpuesta por la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza, que lo acusaban de «interponerse entre sus intereses financieros».
Así es el mundo del consumo, un torbellino de intercambios monetarios en los que el cliente no siempre sale beneficiado. A pesar de que «la opinión de los ciudadanos casi nunca se escucha a la hora de organizar el mercado o tomar decisiones», tal y como afirma Oliván, es cierto que existen ciertos mecanismos mediante los cuales puede ejercerse la defensa del cliente en caso de abuso. Los denominados Tribunales Arbitrales ofrecen seguridad al consumidor y le ayudan con los procesos de litigio, pero hay un pequeño problema que suele convertirse en un obstáculo para la resolución de esos conflictos. «A una empresa no se le puede obligar a acudir a un Tribunal de este tipo», confirma Oliván. Esta pequeña laguna legal impide que cientos de quejas o denuncias contra la empresa lleguen a buen puerto (para los consumidores, claro está).
El problema del sistema de consumo español se encuentra en el hecho de que «denunciar a una empresa que ha hecho algo mal no implica que tú recuperes tu dinero». Oliván lamenta que España no pueda compararse a otros sistemas como el británico o el norteamericano, que «contemplan las indemnizaciones punitivas». Este tipo de compensaciones no sólo incluyen la devolución del importe por el producto o servicio, sino que además otorgan una cuantía económica al cliente por las molestias sufridas. De esta manera, cientos de empresarios no ven como un problema el tener cerca de 80.000 clientes insatisfechos, ya que afirman que «se mueven en un rango de varios millones de consumidores, y no les parece una mala cifra».
Oliván destacó la buena labor de sus compañeros, ya que «el año pasado nos quedamos sin dinero para el Sistema de Arbitraje de Consumo en mayo, y continuamos trabajando sin cobrar». Poco a poco se van consiguiendo ligeros logros que permitirán la eliminación de las relaciones de dependencia entre las asociaciones de consumo y las empresas, además de otorgar más información a los clientes ya que «tenemos derecho a que esto ocurra». Así, entre litigios y pequeñas investigaciones, va aumentando la seguridad de los consumidores que a menudo se ven involucrados en abusos y engaños por parte de bancos, compañías de telefonía móvil y otras empresas.
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